España y el Estado palestino

El 17 de noviembre el Congreso de Diputados pidió al gobierno español que reconociera el Estado de Palestina. Esta es mi reflexión para el blog de la Fundación Alternativas en el diario El País.

 

El Congreso de Diputados aprobará este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a “impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado, sujeto de derecho internacional”. Esta medida guarda coherencia con la tradicional política exterior española hacia la cuestión palestina. Desde la transición, todos los gobiernos, independientemente de su orientación política, han respaldado la autodeterminación palestina y han condenado la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Este apoyo arranca con el histórico abrazo entre Adolfo Suárez y Yaser Arafat en 1979 y culmina con el apoyo español a la candidatura de Palestina como Estado observador de la Asamblea General de la ONU en 2012.

La declaración confía en que palestinos e israelíes sean capaces de alcanzar un acuerdo negociado, pero advierte de que “si esa negociación se revela imposible o se demora injustificadamente, reconocer a Palestina será la manera de avanzar la causa de la paz”. Dicha medida pretende evitar que el proceso de paz, que se inició oficialmente en la Conferencia de Madrid de 1991, se perpetúe intencionadamente. De manera retrospectiva parece claro que uno de los principales errores del denominado Proceso de Oslo fue supeditar un acuerdo definitivo al visto bueno de ambas partes, lo que ha permitido a Israel torpedear las iniciativas lanzadas en el curso de las últimas dos décadas.

La bilateralización del proceso de paz fue interpretada por los mandatarios israelíes como un cheque en blanco para proseguir su política de hechos consumados destinada a hacer inviable un Estado palestino con continuidad territorial. Desde 1991, los gobiernos del Partido Laborista, el Likud o Kadima no han cesado de construir o ampliar los asentamientos multiplicando por tres el número de colonos, que ha pasado de 200.000 a 600.000 ante la indiferencia de la comunidad internacional. Muchos de estos colonos se concentran en el perímetro del Gran Jerusalén con el objeto de desconectar a la Ciudad Santa de su entorno palestino e impedir que Jerusalén Este se convierta algún día en capital de un eventual Estado palestino.

 

Veinte años después de los Acuerdos de Oslo podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que el proceso de paz ha fracasado de manera estrepitosa y que la solución de los dos estados corre el peligro de diluirse definitivamente en el caso de que se permita a Israel parapetarse en sus tácticas dilatorias. Por esta razón, muchos países europeos, entre ellos España, consideran que ha llegado el momento de buscar la salida a este círculo vicioso reconociendo unilateralmente un Estado palestino.

El tiempo se agota para la solución de los dos estados –Israel y Palestina-, que convivan en paz y seguridad. Los dos próximos años serán, por lo tanto, cruciales. Por ello es fundamental que la UE adopte una posición enérgica y abandone su política de la avestruz que tan escasos réditos le ha deparado hasta el momento. Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, también está llamado a jugar un papel esencial en el caso de que el presidente Barack Obama sea capaz de plantar cara a las presiones israelíes. A pesar de haber perdido el control del Congreso y el Senado en manos de los republicanos, Obama todavía dispone de dos años de mandato presidencial. Sus crecientes desencuentros con Netanyahu podrían llevarle a revisar algunos de sus privilegios, entre ellos el paraguas diplomático que le ofrece en el Consejo de Seguridad.

Es aquí donde de nuevo entra en escena España que, a partir de 2015, se incorpora al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Ante el bloqueo de las negociaciones, Mahmud Abbas pretende proponer una resolución que establezca un calendario para el fin de la ocupación y fije las fronteras del futuro Estado. Altos responsables palestinos ya han anunciado que un nuevo veto norteamericano les abocaría a recurrir a la última carta que guardan en su manga: la ratificación del Estatuto de Roma. Tal medida permitiría que la Corte Penal Internacional abra investigaciones para perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la reciente ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que dejó 2.200 muertos (el 75% de ellos civiles), lo que a su vez intensificaría el aislamiento internacional de un Israel cada vez más encerrado en su propio laberinto.