Jugando con fuego en Egipto

Javier Barreda, compañero en la Universidad de Alicante y quizás el mejor conocedor de la realidad egipcia en nuestro país, publica dos recomendables reflexiones sobre el antes y el después de la caída de Morsi en el portal Rebelión. Recupero algunos fragmento del sugundo artículo titulado "Los motivos de la oposición a Mursi frente al golpe de estado consumado".
 

"En la primera parte de este texto, publicada ayer en estas mismas páginas (Jugando con fuego en Egipto (1). La conspiración), queríamos avanzar la idea, antes de entrar en los motivos de la oposición al presidente Mursi, de que las actuales manifestaciones han sido precedidas por una campaña de diabolización de aquel y de los Hermanos Musulmanes, que no dudé, a pesar de las previsibles acusaciones de paranoia, de calificar como parte de una conspiración. En ningún momento negué la amplitud del movimiento de oposición a Mursi, ni las buenas razones que pueda haber para ella, aspectos en los que pensaba extenderme en estas líneas. Sin embargo, a la vista de los acontecimientos de las últimas quince horas, es necesario insistir en la teoría de la conspiración y la desinformación, pues está condicionando los análisis de manera decisiva.

 

En su discurso de la noche de ayer, 2 de julio, Mursi anunció su negativa a abandonar el poder, y su aferramiento a la legalidad y la legitimidad (en árabe se utiliza la misma palabra para ambas), desde la base de que estas eran la únicas que suponían una garantía para todos los egipcios. Su discurso estuvo salpicado de alusiones a la violencia y al derramamiento de sangre que había que evitar a toda costa. Deduje de sus palabras que, puesto que sus partidarios no iban a abandonar motu propio su movilización, serían objeto de violencia, y que dejaba en el aire que se resistieran a ella o no. No obstante, los comentaristas de la televisión pública que inmediatamente después comentaron el discurso de Mursi, dieron por hecho que el presidente amenazaba a sus conciudadanos con la violencia, y lo propio hicieron una serie de opositores que hablaron posteriormente para la cadena Al-Jazeera. Poco después el jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), Abdel Fattah al-Sisi, declaraba a través de Facebook, escuetamente, que “es más honorable morir que [permitir] que el pueblo egipcio sea aterrorizado y amenazado. Juramos a dios ofrecer nuestra sangre contra cualquier terrorista, extremista o ignorante” [...].

 

Desde el inicio de las manifestaciones, el argumento de que “el pueblo” quiere que Mursi abandone el poder ha sido el mantra repetido por la campaña mediática, y asumido por el CSFA, porque es el único argumento legítimo que se puede esgrimir para su abandono bajo coacción. Todas las ineptitudes y los visos de autoritarismo (muy matizables) que haya podido mostrar Mursi, no justifican en manera alguna lo que de ninguna manera puede dejar de llamarse un golpe de Estado, como señalan honorables conocedores del tema, como Alain Gresh y Robert Fisk. Y aquí es donde se ha producido el salto cualitativo que sorprende que no hayan previsto las escasas fuerzas de oposición honorables y millones de ciudadanos honestos y conscientes. Un rápido repaso de las acciones que afean a Mursi y a su partido permitirá a los lectores juzgar por sí mismos.

 

La composición monolítica de los gobiernos de Mursi, supuestamente dominados por los Hermanos Musulmanes, fue la primera razón argüida para descalificarlo. Sin embargo, según han reconocido los implicados, o personas próximas a ellos, Mursi ofreció el puesto de presidente del gobierno a Ayman Nur, presidente del partido Gad Al-Thawra, el de vicepresidente de la República a Hamdin al-Sibahi, presidente del Partido Naserista y adversario presidencial de Mursi, y el de asesor presidencial a Ahmad Maher, dirigente del Movimiento 6 de abril. Todos ellos declinaron la oferta. Un año después, el presidente del gobierno, Hisham Qandil, que no es miembro de los Hermanos Musulmanes, declaró en una entrevista televisada que había ofrecido de nuevo puestos ministeriales a destacadas figuras de la oposición. Aún así, la composición del último gobierno incluía tan sólo 10 miembros de la Hermandad de un total de 27 ministros.

 

La oposición a la composición de la Asamblea Constituyente que debía redactar la constitución fue la segunda piedra de toque en la que los partidos de oposición mostrarían sus cartas, arguyendo que estaba dominada por personas de tendencia “islamista”. Sin embargo, la composición de la asamblea había sido aprobada en un acuerdo firmado por los 22 partidos de la oposición el 7 de junio de 2012, antes de la elección de Mursi, tras aceptar los Hermanos Musulmanes el fallo judicial, producido bajo el mandato de los militares, que anulaba la composición de su predecesora, determinado por el parlamento, donde no hay que olvidar que la coalición de los Hermanos Musulmanes y otros partidos islamistas contaba con el 72% de los escaños, obtenidos a principios de año (el Parlamento también había sido disuelto por un fallo judicial). La mayoría de los miembros de los partidos de la oposición se retiraron prontamente de los debates de la Asamblea. La constitución fue aprobada con un 64% de votos a favor, aunque la participación electoral fuera baja (33%).

 

La declaración constitucional emitida por Morsi el 22 de noviembre de 2012, que fundamentalmente pretendía blindar las decisiones de aquel y las de la Asamblea Constituyente frente a los fallos del poder judicial fue sin duda la única decisión mayor que puede tildarse de autoritaria, y uno de los mayores errores estratégicos de Mursi, a pesar de que anulara dos semanas después sus disposiciones más controvertidas –lo que indica los límites de su autoritarismo-, y de que estuviera orientada a prevenir la influencia de la importante presencia en el poder judicial de fieles servidores del ex presidente Mubarak y de sus sucesores, el CSFA. En este mismo terreno, siguió poco después el intento de limitar dicha influencia mediante la reelaboración de la legislación relativa a los cuerpos judiciales, y en particular de adelantar cinco años la edad de jubilación de los jueces. Hay que señalar, sin embargo, que pocos años antes Mubarak había retrasado dicha edad de jubilación en cinco años, y entonces nadie dudó de que el ex presidente lo hiciera para servir a sus intereses. Finalmente, en el terreno judicial, también en noviembre de 2012 Mursi cesó en su puesto al Fiscal General, Abdel Meguid Mahmud, y nombró uno nuevo por cuatro años, lo que así mismo abrió una larga disputa acerca de su autoritarismo. No obstante, Mahmud había sido nombrado por Mubarak, y había sido acusado por la oposición tras enero de 2011 de dificultar las investigaciones sobre los dirigentes del régimen de aquel. Hace dos días, el Tribunal Supremo falló, sin apelación posible, que Mahmud debía retornar a sus anteriores funciones [...]".