viernes, 21 de diciembre de 2012

Sobre la economía egipcia

Mañana se desarrollará la segunda vuelta del referéndum constitucional en Egipto. En la primera fase, los resultados fueron mucho más ajustados de lo esperado imponiéndose el sí por el 56%. El Real Instituto Elcano publica un análisis de Marcos Suárez Sipmann titulado "Crisis en Egipto: entre la religión y la economía". El vector económico, que normalmente suele quedar en un segundo plano, es central para comprender el creciente divorcio entre la sociedad egipcia y los Hermanos Musulmanes.

Las autoridades de El Cairo han estado meses negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a salir al país de la grave crisis económica en la que se encuentra tras la revolución de 2011, lastrada por el déficit presupuestario y la carencia de divisas generada por el descenso del turismo. El 20 de noviembre –dos días antes del estallido de la crisis por el “decretazo”– se había llegado a un principio de acuerdo. El compromiso pretende realizarse en respaldo del programa económico egipcio 2013-14 con el objetivo de reducir el déficit fiscal y promover la recuperación económica. El FMI advertía a Egipto que el convenio exige que no haya “cambios mayores” en las condiciones económicas. El jefe de la división del FMI de Oriente Medio y Asia Central, Andreas Bauer, aseguraba entonces que las “reformas fiscales son fundamentales” dentro del programa, e incluyen la modificación de los subsidios energéticos y del sistema tributario, así como la flexibilización de la política monetaria.

Este mes, el primer ministro anunció que el Ejecutivo ha pedido al FMI retrasar un mes las negociaciones para obtener el préstamo de 4.800 millones de dólares de ese organismo debido a la actual crisis política. Un portavoz del FMI confirmó que, debido a esos acontecimientos, las autoridades egipcias habían solicitado posponer su petición del préstamo. La razón es que la situación política, que mantiene paralizada la maltrecha economía egipcia, no admite los drásticos recortes de subsidios y las subidas de impuestos que exige el Fondo y que podrían elevar aún más la tensión.

Desde la Hermandad afirman que la constitución traerá la más que ansiada estabilidad política y, con ella, la reactivación de la economía. Es, sin duda, un atractivo fundamental de su campaña, que podría calar entre un sector importante de la sociedad que ha visto mermar sus ingresos con cada nueva crisis política. El gobierno de Morsi ya ha reducido las ayudas al gas butano y la electricidad en el marco de un programa de austeridad, en consonancia con el plan económico propuesto por el país al FMI para recibir el préstamo.

En cuanto a su decisión de subir los impuestos a ciertos bienes y servicios, suspendida horas después, Qandil afirmó que no guardaba relación con las negociaciones con el FMI. El primer ministro señaló que esas enmiendas a la ley de impuestos, que serán discutidas en un diálogo nacional antes de ser aprobadas, forman parte del programa de reforma económica y financiera de Egipto. Subrayó que el programa es parte del plan del gobierno para lograr el crecimiento económico en los próximos dos años y que debe aplicarse porque la alternativa sería nefasta. 
El incremento de impuestos afectaba a productos como el acero, el cemento, la cerveza y el tabaco, así como servicios como los de telefonía móvil, la limpieza y la seguridad. La propuesta, hecha un domingo por la tarde, del paquete de medidas de austeridad fue recibida con furia por los egipcios y Morsi se vio obligado a retirarla el lunes por la mañana. Evidentemente, era poco beneficioso para el referéndum tener a la mayoría de la población en contra. En palabras del portavoz de la comisión económica del Partido Libertad y Justicia, Mohamed Gouda, el gobierno actual es por naturaleza tecnócrata y eligió el camino más fácil para reducir el déficit: subir los impuestos al ciudadano medio, pero, según él, “el momento no era el adecuado”.

Es improbable que una mayoría elegida en una democracia todavía en período de gestación pueda permitirse políticamente la imposición de extremas medidas de austeridad. Con el agravamiento de la crisis económica y fiscal, un mayor número de medidas de austeridad serán tomadas en el corto plazo con un coste político muy alto para los Hermanos.

Pero más allá de esto queda patente una descoordinación y falta de comunicación preocupantes entre la presidencia y el equipo del primer ministro. Incluso se puede afirmar que la agenda religiosa de la cofradía y la desactivación de los movimientos de protesta restan todo protagonismo a cualquier plan económico. De hecho, no se ha hecho público ningún plan económico para aumentar la confianza, restaurar el crecimiento y generar empleo.

Numerosos expertos han manifestado grandes reservas respecto al apartado económico de la constitución por su articulado ambiguo y oscuro. Se han hecho reproducciones levemente modificadas de los artículos económicos redactados en 1971, donde los derechos aparecían en forma de concesiones. Tampoco existen indicadores específicos que impliquen obligaciones concretas para el Estado.

Mientras el proyecto de Carta Magna incluye sendos artículos sobre la agricultura y la industria –a los que califica como pilares de la economía que el Estado está obligado a proteger– no hace lo propio con el turismo. De esa forma, una de las fuentes más significativas de divisas para el país, que contribuye un 11,5% al PIB y da empleo a 20 millones de egipcios, no recibe una protección estatal. Tampoco hay un programa nacional dirigido a la conservación del agua, la tierra y la energía. Este déficit es especialmente grave en el país árabe más poblado (85 millones de habitantes). Es más, el proyecto de constitución refleja la carencia en los dirigentes islamistas de la noción de “bien común”.

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