lunes, 21 de marzo de 2011

Un antes y un después de Libia

Hoy el diario El País publica este artículo mío sobre la actitud de la comunidad internacional ante la crisis libia:
Tras varias semanas de indecisión, la comunidad internacional ha decidido al fin implicarse de manera activa en Libia para frenar el imparable avance de las tropas del régimen e impedir la caída de Bengasi, último reducto en manos de los rebeldes. De ahí la oportunidad de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, que impone una zona de exclusión aérea para proteger a la población civil, que ha sido recibida con júbilo por el Consejo Nacional de Transición y los opositores a Gadafi.
El capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas es tajante. Su artículo 42 contempla la posibilidad de “ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. El despliegue de fuerzas terrestres internacionales en el país norteafricano ha quedado excluido por la propia resolución, medida orientada a calmar a la Liga Árabe pero también destinada a tranquilizar a las opiniones públicas occidentales, poco deseosas de verse envueltas en una nueva guerra de incierta duración.
Lo anteriormente dicho no quiere decir, ni mucho menos, que la intervención militar en Libia no genere incertidumbres. Si bien es cierto que puede interpretarse como un retorno al multilateralismo, ya que EE UU no ha actuado en esta ocasión en solitario y, además, ha contado con el paraguas del Consejo de Seguridad (al contrario de lo que ocurriera en 2003 en Irak), también lo es que no puede presentarse, ni mucho menos, como la carta de presentación de un nuevo orden que vele por el cumplimiento de la legalidad internacional a nivel mundial. ¿Podríamos llegar a contemplar que se impongan en el futuro cercano medidas similares a Israel, Bahréin o Yemen, todos ellos aliados estratégicos de EE UU en la región?
Debe recordarse que el Informe Goldstone de Naciones Unidas determinó que Israel perpetró crímenes de guerra y de lesa humanidad en la operación Plomo Fundido contra Gaza sin que ello se haya saldado con la imposición de ningún género de sanciones. Tampoco parece factible que Washington vaya a revisar su relación con Manama, base de la V Flota norteamericana, tras la detención de los principales líderes de la revuelta bahreiní o con Saná, elemento central de su lucha contra Al Qaeda, por el asesinato de más de medio centenar de manifestantes el pasado viernes. No cabe imaginar, por lo tanto, un efecto dominó en el que todos aquellos que violan la legalidad internacional sean perseguidos con igual encono. Por todo ello, la actuación de la comunidad internacional debe contemplarse más en clave de continuidad que de ruptura.
Otro elemento de preocupación es la precipitación que ha guiado a la comunidad internacional en los últimos días, que le podría llevar a cometer errores de cálculo en torno a la duración de la ofensiva o a la capacidad de resistencia del régimen libio. Los integrantes de la denominada ‘coalición de voluntarios’ parecen estar movidos más por la conveniencia que por el convencimiento. El presidente Obama, que desde que llegase a la Casa Blanca trata de desembarazarse del envenenado legado que heredó en Afganistán e Irak, ha sido probablemente el más reacio a enfrentarse a Gadafi, precisamente porque no desea involucrar a su país en una nueva aventura militar de resultados inciertos con la campaña presidencial de 2012 tan próxima. Sarkozy, anfitrión de la cumbre aliada celebrada en París, ha visto en la crisis libia la ocasión de revitalizar la erosionada ‘gradeur’ francesa después del fiasco vivido en Túnez por el Quai d´Orsay. También Rodríguez Zapatero busca sacar réditos políticos, entre ellos recuperar protagonismo en la escena internacional y fortalecer la proyección mediterránea de nuestra política exterior tras el fracaso de la Unión por el Mediterráneo. Este cortoplacismo de algunos de los integrantes de la coalición anti-Gadafi podría acabar pasando factura en el medio plazo en el caso de que el dictador, como todo parece anunciar, presente una resistencia numantina y prolongue indefinidamente el conflicto para dividir a la comunidad internacional.
Es oportuno recordar que Gadafi juega con ventaja en este campo. En 1992 el Consejo de Seguridad ya impuso sanciones contra Libia (las resoluciones 748 y 883 contemplaban un embargo de armas y aéreo, así como la congelación de fondos en el extranjero) por su implicación en actos terroristas contra intereses occidentales y, en particular, por el atentado de Lockerbie. Gadafi no fue juzgado por ningún tribunal internacional y consiguió salir airoso de su particular travesía del desierto. Finalmente, la comunidad internacional se avino a rehabilitarle a pesar de que no había modificado un ápice su actitud, ya que siguió reprimiendo con brutalidad a todos aquellos que se atrevían a cuestionar su autoridad en la escena doméstica. Esperemos que nuestros dirigentes hayan extraído lecciones del pasado y no vuelvan a repetir los mismos errores.

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