miércoles, 15 de junio de 2011

La debilidad del régimen sirio

The Economist publica un artículo titulado "The tide may slowly be turning against president Bashar Assad" en el que destaca que el equilibrio de poder está cambiando rápidamente en contra del régimen y que el factor tiempo juega en su contra. El artículo considera que las protestas se están extendiendo e intensificando por el conjunto del país (incluidas las tercera y cuarta ciudades en número de habitantes: Homs y Hama).

En uno de sus fragmentos señala: "La primera de las dos grandes cuestiones es si la revuelta llegará a Damasco y Alepo, la capital y la segunda ciudad sirias, que han permanecio relativamente, aunque no completamente, tranquilas. La segunda cuestión es si las fuerzas de seguridad, sobre las cuales se erigió el régimen tras el golpe de estado de Hafez al-Asad, permanecerán leales. Si los rangos medios y bajos del ejército, integrados mayormente por la mayoría suní que comprende el 75% de la población,´empiezan a volverse en contra de los altos oficiales (entre los cuales predomina la minoría alawí, el 10% de la población), entonces el régimen podría empezar a demoronarse. Los acontecimientos del 5 de junio en la ciudad de Yisr al-Shugur, cerca de la frontera noroeste con Turquía, sugieren que esto puede estar empezando a ocurrir".
De otra parte, Syria Today entrevista a Patrick Seale, uno de los mejores conocedores de la realidad siria, que considera que "sin una solución política, el país está en riesgo de caer en una guerra civil con una quiebra de la ley y el orden, asesinatos arbitrarios y un permanente peligro de conflicto sectario. Si tal situación se diera, todos sufrirían sin ninguna excepción. De ahí que sea esencial una solución política". Para que se de este diálogo, Seale considera imprescindible la  liberación de presos políticos, la interrupción de la represión, la derogación efectiva de las leyes de emergencia, el fin del sistema monopartidista, el combate contra la corrupción y el enjuiciamiento de los corruptos, así como garantizar la libertad de expresión y la independencia de la judicatura.

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