martes, 8 de febrero de 2011

Egipto: desestabilización organizada

Leo en el blog de Alain Gresh, vicedirector de Le Monde Diplomatique, una información que me llena de perplejidad. Según informa la cadena televisiva Al-Arabiya, el ex ministro de Interior egipcio Habib al-Adly podría haber organizado el atentado contra una iglesia copta de Alejandría del pasado 31 de diciembre pasado con la intención de enfrentar a musulmanes y coptos y presentar al régimen como muro de contención al yihadismo. Debe recordarse que el atentado provocó 21 víctimas y 79 heridos.
La información señala "según fuentes diplomáticas británicas, el antiguo ministro de Interior ha establecido una organización dirigida por 22 oficiales que emplea a antiguos radicales islamistas, traficantes de drogas y elementos de los cuerpos de seguridad para cometer actos de sabotaje en el caso de que el régimen se encuentre en dificultades". Gresh considera que la estrategia de Mubarak, secundada por su segundo Omar Suleiman, consiste ahora en dividir a la oposición y ganar tiempo hasta que las manifestaciones populares pierdan fuelle. Mubarak conservaría así la presidencia hasta las elecciones de septiembre, permitiendo a Suleiman consolidarse como hombre fuerte del régimen.

Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un informe que considera que el número de muertes hasta la fecha se acerca a los 300 y que muchas más podrían haber sido torturados. De hecho, HRW considera que la perduración del estado de emergencia desde 1981 está detrás de la impunidad que disfrutan las fuerzas de seguridad ante las continuas violaciones de los derechos humanos. De hecho considera que fue la absolución de los policías que asesinaron a un joven de 28 años, llamado Jaled Said, en las calles de Alejandría el detonante de las concentraciones en la plaza de Tahrir el pasado 25 de enero.
A contianuación incluyo algunos extractos del mencionado informe:
 
"Human Rights Watch observó que los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizan habitual y deliberadamente la tortura y el maltrato (tanto con delincuentes comunes como con disidentes políticos y detenidos por razones de seguridad) para coaccionar confesiones, extraer otra información o simplemente para castigar a los detenidos. Ahmad Abd al-Mo’ez Basha, un conductor de 22 años de Imbaba, Cairo, contó Human Rights Watch cómo los agentes le arrestaron en su casa en julio de 2010:

Me llevaron a la comisaría de Imbaba y me dejaron solo en una habitación. Dos agentes vinieron y me dijeron que confesara. Les pregunté: “¿Qué?” Respondieron: “Confiesa el robo”. El jefe de la unidad de investigación criminal dijo: “Denle hasta que confiese”. Me esposaron las manos por delante y me dejaron colgado de la puerta durante más de dos horas. Tenían fustas y me azotaron en las piernas, en la planta de los pies y en la espalda. Cuando me bajaron, trajeron un dispositivo eléctrico negro y me aplicaron electrochoques en los brazos cuatro o cinco veces hasta que empezaron a fumar. Durante todo este tiempo me repetían: “Tienes que confesar”. A la mañana siguiente, me golpearon de nuevo y me azotaron con un cable en la espalda y los hombros. Me desmayé después de tres horas de maltrato".

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