lunes, 7 de febrero de 2011

¿Es posible un contagio?

Más sobre las revueltas en Egipto y Túnez. Siguiendo con mi memorando de la Fundación Alternativas...

La posibilidad de un contagio de las manifestaciones de descontento popular en el conjunto árabe es la más previsible. Aunque no tienen por qué tener la misma intensidad ni tampoco harán tambalearse a todos los gobiernos, lo cierto es que la gran mayoría de ellos se verán obligados a modificar sus pautas de comportamiento y a ofrecer reformas reales tanto en el plano económico como político, como ya se han comprometido a hacer el presidente sirio Bashar al-Asad y el rey Abdallah II de Jordania.

El eventual efecto dominó se acentuaría con la caída de Mubarak dado que, mientras Túnez tiene una posición periférica en el Magreb, Egipto es el centro de gravedad del mundo árabe. En los últimos dos siglos, Egipto ha jugado un papel central, siendo motor de las grandes transformaciones políticas, sociales y culturales que, más tarde o más temprano, han acabado por llegar al resto de países árabes.

Por el momento, las manifestaciones han tenido especial incidencia en Yemen, Egipto y Túnez, repúblicas gobernadas por Saleh, Mubarak y Ben Ali desde 1978, 1981 y 1987, respectivamente. Otro tanto ocurre en países como Argelia, donde los militares siguen controlando buena parte de los recursos del Estado bajo la presidencia de Bouteflika, que ya fuera ministro de Asuntos Exteriores en 1963; Libia, dirigida por Gadafi desde 1968, o Siria, gobernada por los Asad desde 1970. Igualmente la Autoridad Palestina, fuertemente cuestionada por el fracaso del proceso de paz, es dirigida por una gerontocracia vinculada a la OLP.
 
No puede descartarse que las monarquías árabes sigan una evolución similar, a pesar de que algunos de sus reyes apenas llevan una década en el trono: Muhamad VI de Marruecos, Abdallah II de Jordania y Abdallah de Arabia Saudí llegaron al poder, respectivamente, en 1999, 2000 y 2005. En los dos primeros países, el malestar de la población es evidente y la sociedad reclama mayores libertades, pero también ayudas económicas para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida. Ambos cuentan con cierto pluralismo político y celebran habitualmente elecciones semicompetitivas, pero las monarquías disponen de amplísimas prerrogativas en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso las demandas se centran en la necesidad de instaurar monarquías constitucionales y de limitar los poderes reales. El caso de Arabia Saudí es más complejo, puesto que los partidos políticos y los sindicatos están estrictamente prohibidos no existiendo en la práctica canales para movilizar a la población.

Probablemente la mayor incógnita de esta ola democratizadora es saber el calado de las reformas que se adoptarán en aquellos países que sean bañados por ella. ¿Qué pasos dará Túnez y el resto de países que sigan su estela en esta fase de transición? La formación de gobiernos de unidad nacional, la legalización de los partidos, la derogación de las leyes de emergencia, la liberación de los presos políticos, el retorno de los disidentes del exilio y la celebración de elecciones son pasos en la buena dirección, pero no suficientes. En este proceso constituyente, en el que deberían participar todas las fuerzas políticas sin exclusión alguna, deben derogarse las actuales constituciones y reemplazarse por otras realmente constitucionalistas.

Si bien es cierto que las manifestaciones fueron dirigidas por la juventud laica, lo cierto es que las formaciones islamistas tendrán un papel relevante si finalmente toman parte en las elecciones. Ello no debería implicar, ni mucho menos, una evolución a la iraní. Pese a que el Islam político suele ser descrito como estático e inmutable, lo cierto es que está en permanente movimiento y tiene una gran capacidad de adaptación, como demuestra el caso del AKP turco. En las últimas décadas, los Hermanos Musulmanes han recorrido un largo camino aceptando el pluralismo de las sociedades árabes y renunciando a imponer por la fuerza su programa. Tras el estallido popular han coordinado su acción con el resto de la oposición evitando asumir un mayor protagonismo. Por último han mostrado su disposición a respetar los acuerdos internacionales firmados por Egipto, en una clara referencia al tratado de paz con Israel.

El proceso constituyente no debería basarse en políticas de tierra quemada, ya que tendría efectos desastrosos como ha demostrado la experiencia iraquí (ilegalización del Baaz y disolución de las Fuerzas Armadas). Más bien se trataría de sumar a quienes converjan en la necesidad de erigir una verdadera democracia y, a la vez, desalojar del poder a aquellas elites dirigentes más identificadas con el antiguo régimen. La tarea no será, ni mucho menos, sencilla dado que se puede prever una férrea resistencia por ciertos sectores que intentarán dinamitar el proceso de transición o, por el contrario, pilotarlo para conservar su posición hegemónica.

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