martes, 10 de enero de 2012

Los derechos humanos tras las revueltas

Amnistía Internacional publica el informe "Año de rebelión: el estado de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África" que finaliza con una serie de demandas para evitar que sigan dándose las violaciones de los derechos humanos en los países árabes:
* Reformar las fuerzas de seguridad
Debe ponerse en marcha una reforma fundamental de las fuerzas policiales y otros órganos encargados de hacer cumplir la ley de conformidad con el derecho y las normas internacionales. Debe darse a conocer su estructura y cadena de mando, y establecerse un órgano de vigilancia que investigue los informes de abusos con independencia e imparcialidad.

Garantizar que las leyes son conformes con las normas internacionales
Debe revocarse o modificarse toda legislación que restrinja los derechos humanos, incluso las leyes de excepción cuando sea pertinente.

*   Reformar el sistema de justicia
Debe respetarse la independencia del poder judicial en la legislación y en la práctica. Toda persona acusada formalmente de un delito debe recibir un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, en el que se respete plenamente el derecho de defensa. Los juicios militares a civiles y los juicios ante tribunales de excepción deben terminar; las personas declaradas culpables deben quedar en libertad si no se celebra un nuevo juicio ante tribunales civiles.

* Poner fin a la tortura y otros malos tratos* Poner fin a la detención en régimen de incomunicación
No deben tolerarse la tortura ni otros malos tratos, sino penalizarse con arreglo al derecho internacional. Todos los agentes encargados de las detenciones e interrogatorios deben saber que no se tolerarán la tortura ni otros malos tratos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos deben investigarse y debe imputarse responsabilidad penal y procesarse a los responsables.
 
Los detenidos deben tener, por ley y en la práctica, contacto con el mundo exterior con regularidad y sin demoras, lo que incluye acceso a sus familias, a abogados de su elección y a servicios médicos independientes. Los lugares de detención deben darse a conocer en listas públicas y ser objeto de inspecciones regulares, independientes, sin restricciones y sin previo aviso.
 
* Defender el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión
Las leyes que penalizan el ejercicio pacífico de estos derechos deben modificarse para estar en consonancia con las leyes y normas internacionales o ser derogadas. Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, deben abstenerse de usar fuerza excesiva al desempeñar sus labores de control de manifestaciones. No se debe detener o recluir arbitrariamente ni someter a tortura u otros malos tratos a manifestantes pacíficos o a personas que expresan pacíficamente sus opiniones. Debe protegerse el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, con independencia de los medios, y no se deben imponer restricciones indebidas a Internet ni a los servicios de telecomunicaciones móviles. Ha de permitirse el funcionamiento sin impedimentos a las ONG.
 
* Liberar a los presos de conciencia
Debe ponerse en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, es decir, a las personas privadas de libertad únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, opinión, expresión, asociación o reunión o por su identidad.
 
* Poner fin a las desapariciones forzadas
Debe ponerse fin a las desapariciones forzadas revelando de inmediato el paradero de todas las personas recluidas y garantizando que todas las personas detenidas constan en registros oficiales y que se notifican los hechos a sus familiares y abogados.
 
* Poner fin a la impunidad
Deben tomarse todas las medidas adecuadas contra funcionarios y otras personas que ordenen, toleren, consientan o cometan violaciones de derechos humanos. Han de llevarse a cabo investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado. Tales investigaciones deberán formular recomendaciones para evitar que se cometan abusos en el futuro y proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas, y estas recomendaciones deberán aplicarse sin demora.
 
* Hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas
Las personas deben tener acceso a los servicios públicos esenciales, como agua, saneamiento, atención a la salud y una vivienda adecuada, sin sufrir discriminación. Deben respetarse los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a formar sindicatos independientes y pertenecer a ellos, hacer huelga y recibir un salario mínimo digno.
 
Poner fin a la discriminación
Las disposiciones jurídicas que discriminan a las personas por motivos de raza, color, religión, origen étnico, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, u otra condición deben abolirse o reformarse para que estén en consonancia con el derecho y las normas internacionales.
 
*Despenalizar las relaciones sexuales consentidas
Debe derogarse toda ley que penalice las relaciones sexuales consentidas y las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, sean reales o percibidas. Ninguna persona debe ser detenida o procesada por su homosexualidad real o presunta, y toda persona encarcelada únicamente por su orientación sexual real o atribuida debe ser puesta en libertad incondicional.
 
* Proteger y promover los derechos de las mujeres
Las mujeres deben ser socias de pleno derecho en el proceso de reforma política y de los derechos humanos. Debe reconocerse en la legislación que mujeres y hombres tienen los mismos derechos por ley, entre otras cosas, en el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia.
 
* Combatir la violencia contra las mujeres
Las mujeres deben tener protección jurídica frente a la violencia doméstica – que incluye la violación conyugal– y el acoso sexual.
 
* Respetar los derechos de los habitantes de asentamientos precarios
Las personas que viven en asentamientos informales deben ser consultadas de manera significativa y poder participar activamente en las decisiones que afectan a su futuro. Deben tener seguridad jurídica de tenencia. Debe ponerse fin a los desalojos forzados. Debe existir un plan general para dar solución a las condiciones inadecuadas de alojamiento que ponen en peligro la salud y la vida de las personas.
 
* Abolir la pena de muerte
Debe declararse o mantenerse una suspensión de las ejecuciones hasta que sea abolida la pena de muerte.
 
* Proteger los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
Los cuerpos de seguridad no deben emplear la fuerza contra las personas que tratan de entrar o salir por las fronteras, excepto en estricta conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Los solicitantes de asilo deben tener un acceso significativo a los procedimientos de concesión de asilo y al ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y las personas que huyen de la persecución deben recibir protección internacional.
 
* Controlar adecuadamente las transferencias militares, policiales y de seguridad
Todos los Estados que suministran armas a la región de Oriente Medio y el Norte de África deben revisar urgente y exhaustivamente todos los suministros de armas a las fuerzas armadas, policiales y de seguridad para garantizar que no se transfieren armas a lugares donde haya un riesgo sustancial de que sean utilizadas para cometer o propiciar violaciones graves del derecho internacional humanitario o las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo deberán asegurarse de que todo apoyo formativo a las fuerzas armadas, policiales y de seguridad refuerza los principios de derechos humanos y de rendición de cuentas, y examinar con sentido crítico los factores que permitirían reanudar las transferencias de armas al país. Los Estados deben garantizar que en la negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas en 2012 se incluyen controles sobre todas las armas, municiones y material relacionado diseñado o adaptado para operaciones militares o internas de seguridad o cumplimiento de la ley que impliquen fuerza letal; y parámetros firmes de derechos humanos destinados a prohibir las transferencias de armas cuando exista un riesgo sustancial de que sean utilizadas para cometer o propiciar violaciones graves de derechos humanos".

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