miércoles, 23 de noviembre de 2011

Violaciones derechos humanos en Egipto

El informe "Broken Promises: Egypt's Military Rulers Erode Human Rights" de Amnistía Internacional constata que la violaciones contra los derechos humanos en Egipto no sólo no se han detenido, sino que además se han intensificado desde la caída de Mubarak. Esta es una de las razones del descontento popular con la Junta Militar que ayer, ante la presión de la calle egipcia congregada en Tahrir, decidió adelantar las elecciones presidenciales, tal y como le pedía la población, a  junio de 2012.

El informe de Amnistía Internacional señala que "las autoridades militares de Egipto han resultado totalmente incapaces de cumplir las promesas de mejora de los derechos humanos que hicieron a los egipcios, y en lugar de ello han sido responsables de un catálogo de abusos que en algunos casos bate el récord de Hosni Mubarak".

Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha señalado: "Al emplear tribunales militares para juzgar a miles de civiles, reprimir las protestas pacíficas y ampliar el ámbito de aplicación de la Ley del Estado de Excepción de Mubarak, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha seguido la tradición de gobernar represivamente de la que tanto lucharon por librarse los manifestantes del 25 de enero". De hecho, "quienes han criticado o cuestionado al Consejo –manifestantes, periodistas, blogueros, trabajadores en huelga– han sido reprimidos sin piedad, tratando de silenciar sus voces".
El informe denunca que "las autoridades militares han cumplido pocos de los compromisos contraídos en sus muchas declaraciones públicas y en algunos aspectos han empeorado la situación. En agosto, el Consejo admitió que unos 12.000 civiles habían sido juzgados por tribunales militares en todo el país en juicios sumamente injustos. Al menos 13 habían sido condenados a muerte". Cientos de personas han sido condenados tras ser acusados de "incumplimiento del toque de queda", "posesión ilegal de armas", "destrucción de bienes" e "insultos al ejército".
Más de 12.000 personas han sido juzgadas por tribunales especiales (los denominados Tribunales Supremos de Seguridad del Estado para el Estado de Excepción). Luther ha denunciado que "el Ejército egipcio no puede seguir utilizando la seguridad como excusa para mantener las mismas prácticas del régimen del presidente Mubarak. Para que se produzca una verdadera transición al nuevo Egipto como la que exigen los manifestantes, el Consejo debe dejar de atenazar la libertad de expresión, asociación y reunión, levantar el estado de excepción y dejar de juzgar a civiles en tribunales militares".

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