martes, 23 de octubre de 2012

Sobre la Constitución egipcia

El PJL fue la fuerza más votada en las primeras elecciones libres y realmente competitivas celebradas en la historia contemporánea de Egipto. Posteriormente, Muhamed Morsi se impuso claramente en las presidenciales. La disolución de la Asamblea Constituyente por la Corte Suprema el pasado 14 de junio ha permitido que Morsi detente no sólo el poder ejecutivo, sino también el legislativo. Esta circunstancia explica el creciente malestar por parte de los sectores liberales y revolucionarios, que consideran que se ha reforzado el presidencialismo y que el PJD disfruta de un situación cuasi monopolística en la escena política, similar a la que en su día tuvo el oficialista Partido Nacional Democrático. Precisamente, una de las principales demandas de la sociedad egipcia es que la nueva constitución recorte los poderes presidenciales y haga al presidente responsable ante el Parlamento. De hecho, el borrador de la Constitución hecho público el 14 de octubre ha suprimido 17 de las facultades presidenciales conservando otras 47.

La elaboración de una nueva constitución por parte de una comisión dominada por los sectores islamistas representa un test sobre la capacidad de concertación del gobernante PJL y, a la vez, será clave para determinar si existe o no una agenda islamista oculta, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de la sharía o la situación de la mujer, la minoría copta y los derechos humanos. Muchos sectores de la sociedad egipcia temen que los HHMM antepongan los intereses de su electorado sobre los generales del conjunto de la población.
Diferentes organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han denunciado que el borrador constitucional presenta varios artículos controvertidos. Pese a que señala que no habrá discriminación en función del sexo y se asegurará la igualdad entre hombres y mujeres, lo supedita a que no entre en conflicto con la sharía advertiendo, además, que la mujer tendrá que “conciliar sus responsabilidades familiares y su trabajo en la sociedad”. Aunque el texto prohíbe expresamente “la violación de los derechos de mujeres y niños” fracasa a la hora de prohibir el tráfico de mujeres y niños (una práctica habitual para encubrir la prostitución de egipcias en los países del golfo Pérsico). Otro de los artículos más polémicos es el relativo a la libertad de credo, ya que prohíbe la blasfemia y limita la construcción de templos a las religiones monoteístas reveladas: el judaísmo, el cristianismo y el islam en su versión suní (con el propósito de evitar la expansión del rito chií).

Las presiones de los sectores salafistas en lo que respecta a la sharía y a la situación de la mujer han sido considerables. De hecho, el Partido Nur (la segunda fuerza política del país) ha amenazado con movilizar a su electorado en el caso de que se sobrepasen ciertas líneas rojas, especialmente en lo que atañe al papel de la sharía. El artículo 2 de la actual constitución señala que “los principios de la sharía son la principal fuente de legislación”, pero los sectores salafistas han presionado activamente, sin éxito hasta el momento, para que se reconozca a la sharía como la fuente de toda la legislación egipcia (a lo que se oponen tanto los HHMM como los juristas de Al-Azhar). Los salafistas también son contrarios a que la Constitución garantice la libertad de culto al interpretar que podría favorecer la apostasía.

La cuestión de los derechos humanos tampoco parece ser una prioridad para el gobierno egipcio. Tanto el PJL como el salafista Al-Nur considera que la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas debería supeditarse al cumplimiento de la sharía. De hecho, el borrador constitucional no prohíbe de manera expresa la tortura, lo que permitirá que las aparatos de seguridad practiquen la tortura y que los responsables de las violaciones de los derechos humanos en la etapa de Mubarak no vayan a ser investigados por los tribunales. En los primeros cien días de mandato de Morsi, el Nadim Centre for the Rehabilitation of Torture Victims denunció 34 muertes, 88 casos de torturas y 7 violaciones a manos de las fuerzas policiales. El Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) denunció, en este mismo periodo, la sistemática persecución de los sindicatos con 39 líderes sindicales despedidos de sus trabajos, otros 32 investigados por tomar parte en huelgas y 5 sentenciados a cinco años de prisión. Todo ello indica que todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo a la hora de perseguir estas violaciones y combatir la impunidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario