Transición frustrada en Egipto

Las calles cairotas han vuelto a teñírse de sangre. No podía ser de otra manera, puesto que el golpe militar del 3 de julio que puso fin al experimento islamista se cerró en falso y las incógnitas que se ciernen sobre el horizonte de Egipto siguen no han sido convenientemente despejadas en los últimos cien días.

 

La deposición del presidente Mohamed Morsi fue maquiavélicamente orquestada por los militares, que aprovecharon el descontento de buena parte de la sociedad egipcia con la situación de desgobierno para recuperar el terreno perdido y tratar de retomar el poder. Desde entonces, los Hermanos Musulmanes han sido  objeto de una intensa campaña de detenciones que ha llevado a sus principales dirigentes a la cárcel. Los tribunales egipcios también han aprovechado su situación de extrema debilidad para ilegalizar la organización y para congelar sus fondos y activos. Debe recordarse en este sentido que la formación obtuvo el 42% de los votos en las elecciones legislativas desarrolladas en 2011 y, en las presidenciales de 2012, 13 millones de personas dieron su respaldo a Morsi.

 

Una de las primeras medidas adopadas por el presidente interino Adli Mansur fue derogar la controvertida Contitución aprobada por los islamistas y convocar un nuevo proceso constituyente para reemplazarla por otra que contase con un mayor respaldo social. También anunció que a principios del próximo año se celebrarán nuevas elecciones para elegir la nueva Asamblea Nacional y al futuro presidente. Los militares son los grandes vencedores y pilotan con mano de hierro esta segunda transición. Para evitar sorpresas de última hora han situado a su hombre fuerte Abdel Fatah al-Sisi en la vicepresidencia del país poniendo a sus aliados ante la tesitura de “con nosotros o contra nosotros”.

La nueva Constitución, cuyo proceso de redacción debería finalizar en un mes, nos ofrecerá pistas de hacia dónde se dirige Egipto. En primer lugar deberá pronunciarse sobre los privilegios de los militares, entre ellos el carácter secreto de su presupuesto y su control de importantes sectores de la economía. También sobre el mantenimiento de las leyes de emergencia, los juicios militares o la tortura. En segundo lugar deberá determinar si permite la existencia de partidos políticos de credenciales religiosas y no sólo hablamos del Partido de la Justicia y la Libertad, marca política de los Hermanos Musulmanes, sino también de todos aquellos grupos salafistas que hasta ahora han respaldado inequívocamente a las Fuerzas Armadas, quizás con la voluntad de beneficiarse en el futuro del vacío político que a buen recaudo dejará la Hermandad. En tercer lugar servirá de termómetro democratizador, ya que tendrá que posicionarse en torno a las libertades públicas y está por ver que reconozca la libertad de expresión, de opinión o de reunión, tal y como reclaman las organizaciones de la sociedad civil.

 

A día de hoy, nada parece indicar que estos tres aspectos cruciales para el destino de Egipto vayan  a resolverse de manera satisfactoria. La criminalización de los Hermanos Musulmanes por parte de las autoridades, la creciente polarización de la sociedad egipcia y el aumento de la violencia con frecuentes ataques contra objetivos militares y securitarios indican que el país se está deslizando progresivamente hacia un punto de no retorno en el que el caos y la inestabilidad reinan a sus anchas.

 

El nuevo faraón egipcio Sisi, que como a sus predecesores le gusta cultivar el culto a su personalidad, está convencido que su política de mano de hierro conseguirá asfixiar las voces de todos aquellos que reclaman la restauración de Morsi y la vuelta a la legalidad. Además ha llegado a la conclusión de que el derramamiento de sangre no le pasará factura, ya que el Ejército es visto por buena parte de la sociedad egipcia como el último garante del orden y la unidad del país. La generosa ayuda prestada por Arabia Saudí y el resto de petromonarquías del golfo Pérsico (más de 12.000 millones de dólares) representa un importante balón de oxígeno que le permitirá culminar el proceso de transición de la democracia islamista al autoritarismo militar en el que ahora se encuentra inmerso. El silencio cómplice de los países occidentales, preocupados por la resurrección del yihadismo de Al Qaeda y el enquistamiento de la guerra en Siria, es interpretado, a su vez, como una luz verde para proseguir esta política erradicadora. De lo anteriormente dicho cabe deducir que Sisi no se siente en la necesidad de ofrecer a la oposición islamista ninguna zanahoria y que, mientras la situación no cambie, seguirá recurriendo en exclusiva al palo para tratar de acallar a todos sus críticos.