¿Hacia dónde va Túnez?

Esta mañana, el diario vasco El Correo publica mi artículo "¿Hacia dónde va Túnez?", en el que reflexiono sobre los cambios que están teniendo lugar tras la caída de su dictador Ben Ali:

"Para calibrar adecuadamente la revuelta popular que ha puesto fin a la dictadura de Ben Ali ha de destacarse que es la primera de esta envergadura que tiene lugar en el mundo árabe desde que accediera a la independencia tras la Segunda Guerra Mundial. De ahí su radical importancia, sobre todo si se convierte, como muchos analistas aventuran, en detonante de otros levantamientos similares en la geografía árabe.

 

La posibilidad de que se cree un efecto dominó no debería ser minimizada, dado que la mayoría de países árabes son dirigidos por regímenes autoritarios que se perpetúan en el poder sin solución de continuidad desde hace décadas. Estos gobiernos despóticos, con un notable déficit de legitimidad popular, se apoyan en un fuerte aparato represivo para acallar cualquier movimiento opositor que amenace su posición hegemónica. En las últimas semanas, las cadenas de satélite árabes han dado una amplia cobertura a la revuelta y ya ha habido casos de personas que en Yemen y Egipto se han quemado a lo bonzo intentando emular a Mohamed Bouazizi, el joven que con su vida prendió la llama de la Intifada tunecina.

La inesperada caída del dictador tunecino abre un nuevo escenario repleto de incógnitas e interrogantes. Quizás la pregunta más acuciante es hacia dónde se dirige Túnez, que desde su independencia en 1956 tan sólo ha tenido dos presidentes: Habib Burguiba y Zine al-Abidine Ben Ali, ya que la huida de este último crea un vacío de poder inédito en la historia reciente del país. Tampoco está nada claro que el final de la dictadura de Ben Ali implique también el final del régimen, ya que la gobernante Asamblea Constitucional Democrática (RCD, en sus siglas francesas), heredera del Neo-Destuir, difícilmente se resignará a abandonar el poder que detenta en solitario desde hace medio siglo. No debe extrañarnos que Ahmed Brahim, líder del opositor Ettajdid, haya dejado claro que «debe realizarse una ruptura definitiva con los fundamentos del régimen despótico y el sistema político corrupto» y procesar a los responsables de «los crímenes y las muertes de ciudadanos inocentes, así como a todos los implicados en asuntos de corrupción, enriquecimiento ilícito, sobornos o depredación de los bienes públicos o privados».

 

Se puede anticipar una fuerte resistencia por parte de las elites políticas, económicas, militares y sociales vinculadas a Ben Ali en el caso de que se les intente desplazar o retirar parte de sus privilegios. Todo parece indicar que el RCD, que disfruta de una situación cuasi monopolística en la escena política, intentará pilotar la transición y retener el poder, tal y como demuestra el hecho de que Fuad Mebaza y Mohamed Ganuchi, dos personas próximas a Ben Ali, tutelen este proceso. Es pertinente recordar que en Túnez, como en el resto de los países árabes, la autoridad central ha creado un desierto político en torno a ella suprimiendo cualquier disidencia, de tal manera que los únicos partidos legalizados se han comprometido previamente a no sobrepasar determinadas 'líneas rojas' marcadas por el régimen. Por esta razón, ninguno de los tres partidos opositores existentes (el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades, el Partido Democrático Progresista y el Ettajdid) se encuentran en disposición de acabar con este monopolio del RCD.

 

Para que la transición democrática sea efectiva debe ser inclusiva. Por ello el Partido Comunista y el islamista En Nahda han de ser inmediatamente legalizados y tomar parte en las próximas elecciones si así lo desean. El líder islamista Rachid Ganuchi ha mostrado su intención de retornar en el menor plazo de tiempo posible a su país, pero su movimiento está descabezado tras más de dos décadas de persecución. Aunque es evidente que la revuelta no fue de inspiración islamista, lo que tranquiliza a las cancillerías occidentales, también debe subrayarse que, como en el resto de los países árabes, los islamistas gozan de importantes respaldos sociales por lo que no parece descabellado que, en el caso de concurrir a las elecciones, obtengan un significativo apoyo. En los últimos años, Ganuchi se ha mostrado a favor del pluralismo político y en contra de la imposición de un Estado islámico, que además sería rechazado por buena parte de la población tunecina que es mucho más laica que la de sus vecinos magrebíes. Está por ver que los países occidentales, y en particular la ex potencia colonial Francia, den luz verde a esta participación, algo improbable dada su obsesión por mantener a los islamistas al margen del juego democrático.

 

Por último, cabe preguntarse qué puede ocurrir en las próximas elecciones legislativas. La primera cuestión es que el plazo de 60 días que marca la Constitución es a todas luces insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que no existe un sistema pluripartidista real ni nada que se asemeje a la libertad de prensa y de expresión. Los únicos partidos legalizados son considerados por los líderes de la oposición en el exilio como formaciones domesticadas que durante años han coexistido pacíficamente con el régimen despótico. Mientras tanto, los partidos ilegalizados carecen de respaldos internos y, además, están desconectados de una sociedad tunecina mayoritariamente integrada por jóvenes que nacieron bajo la dictadura de Ben Ali. A esta situación se ha de sumar la ausencia de prensa independiente y de una sociedad civil sólida. Por todo ello, el calendario beneficia al gobernante RCD y perjudica a todas aquellas formaciones, legales o ilegales, que no gozan de ningún altavoz que les permita hacer llegar su proyecto político al electorado.