martes, 29 de mayo de 2012

Amnistía Internacional ante Siria

Amnistía Internacional acaba de publicar su Informe Anual 2012 donde hace repaso de la situación de los derechos humanos país por país. El caso sirio es examinado de manera exhaustiva. AI acusa al régimen de practicar ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos.

Las fuerzas del gobierno emplearon medios letales y fuerza excesiva contra manifestaciones pacíficas y otras protestas. Al parecer, muchas personas recibieron disparos de francotiradores cuando participaban en protestas masivas o asistían a funerales de personas que habían sido víctimas de homicidio días atrás. Se enviaron a Deraa, Homs y otros lugares tanques y otros vehículos blindados que dispararon contra zonas residenciales. En la gobernación de Idleb, en el noroeste del país, se aplicó una política de “tierra quemada”. El gobierno trató de justificar la brutal represión alegando que estaba siendo atacado por bandas armadas, pero no aportó ninguna prueba convincente de ello hasta finales de año, cuando, en respuesta a la continua represión, empezó a operar una resistencia armada coordinada, a la que se unieron algunos soldados que habían desertado del ejército y se habían vuelto contra el gobierno. Según informes, al concluir el año habían muerto más de 4.300 personas (la ONU calculaba más de 5.000) en relación con las protestas y los disturbios, muchas de ellas manifestantes inermes y transeúntes que no constituían ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para nadie más. Muchas personas más habían resultado heridas.

Los manifestantes heridos que acudían a centros de salud para recibir atención médica corrían peligro de ser detenidos y sufrir abusos, incluida negación de tratamiento. A su vez, los médicos y el personal de los hospitales se exponían a ser detenidos y perseguidos si participaban en las protestas o las apoyaban, así como si trataban a manifestantes heridos sin denunciarlos a las autoridades; al parecer, varios profesionales de la salud fueron víctimas de homicidio por esta causa.
Las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron gravemente limitadas, pese a que se levantó el estado de excepción y se promulgaron leyes que permitían supuestamente las manifestaciones pacíficas y la legalización de partidos políticos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas en relación con las protestas, a algunas de ellas durante las manifestaciones y a otras en asaltos a viviendas, registros casa por casa u otro tipo de redadas. Cientos de personas, si no miles, fueron víctimas de desaparición forzada y recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención oficiales o improvisados –como campos deportivos– no revelados, en los que abundaban la tortura y otros abusos.
Entre los detenidos figuraban activistas y disidentes políticos, periodistas, blogueros, imanes, soldados que se habían negado a disparar contra los manifestantes y activistas de derechos humanos, algunos de los cuales se habían ocultado para evitar ser detenidos. Cientos de personas detenidas quedaron en libertad tras juicios ante tribunales militares o penales o en virtud de las amnistías concedidas por el presidente Al Asad, pero miles más continuaban recluidas al concluir el año.

La tortura y los malos tratos a detenidos eran generalizados, y las fuerzas de seguridad los infligían impunemente a fin de obtener información, “confesiones” y castigar y atemorizar a presuntos opositores del gobierno. Algunas víctimas temían sufrir represalias si se conocía su identidad.

La cada vez más extendida práctica de la tortura se vio reflejada en el aumento de las muertes bajo custodia: según informes, al menos 200 personas detenidas en relación con las protestas murieron en estas condiciones. En numerosos casos, los datos disponibles apuntaban a prácticas de tortura o malos tratos como causa probable de la muerte. Ningún responsable compareció ante la justicia. Algunas de las víctimas eran menores de edad.

Aparte de las deficientes investigaciones sobre dos presuntas muertes bajo custodia, las autoridades no investigaron los numerosos homicidios ilegítimos, torturas y abusos graves en general cometidos por las fuerzas de seguridad ni llevaron a los responsables ante la justicia. Tampoco tomaron medidas para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores, como los miles de desapariciones forzadas y los homicidios de presos de la prisión militar de Saydnaya en julio de 2008.

La minoría kurda, que representaba aproximadamente el 10 por ciento de la población, siguió sufriendo discriminación por motivos de identidad, como restricciones legales al uso de su lengua y su cultura. Además, sus miembros siguieron siendo apátridas en la práctica hasta el 7 de abril, cuando el presidente Al Asad dictó el Decreto Legislativo núm. 49, por el que se concedía la nacionalidad siria a los kurdos ajanib (extranjeros), pero no a los conocidos como maktoumeen (“ocultos”, que en la práctica significaba no registrados) que vivían principalmente en la gobernación de Al Hasakah. Los activistas de los derechos de la minoría kurda siguieron expuestos a ser detenidos y encarcelados.

Las mujeres siguieron discriminadas en la ley y en la práctica, y continuaron sufriendo violencia por motivos de género, incluidos asesinatos y otros delitos graves, cometidos a menudo por familiares varones con el pretexto de defender el “honor” familiar. El 3 de enero, el presidente Al Asad reformó por decreto el Código Penal para aumentar la pena mínima por asesinato y otros delitos violentos contra mujeres cometidos en nombre del “honor” familiar, que pasó de un mínimo de dos años a entre cino y siete años. Asimismo, el decreto especificaba una pena mínima de dos años de prisión por violación y otras agresiones sexuales; anteriormente, los autores de estos delitos no eran procesados ni castigados si se casaban con la víctima.

Siguieron imponiéndose condenas de muerte. Según fuentes no confirmadas, se llevaron a cabo ejecuciones, pero las autoridades sirias no dieron a conocer ninguna información al respecto.

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